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El Salvador inicia debate en Congreso por reforma fiscal al licor y a la cerveza

Pilsener en Industrias La Constancia

Fábrica y control de calidad

Fuente: El Diario de Hoy Lunes, 30 de Agosto de 2010 10:18

El Ministerio de Hacienda considera necesario modificar el impuesto al contenido alcohólico (alicuotas) e incrementar el impuesto al valor (ad-valorem) para ambos tipos de bebidas de 5% a 10% (por litro de alcohol en volumen).


A principios de agosto de 2010, el Ministerio de Hacienda envió a la Asamblea Legislativa una nueva propuesta para que se modifique la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas.

Es la segunda reforma en menos de un año, en vista que la normativa fue cambiada en diciembre de 2009, pero los resultados de entonces generaron descontento en la industria licorera, pues consideraba que las enmiendas beneficiaban más a los cerveceros.

Hoy la cosa cambia. La nueva propuesta de impuestos le reduce el impacto a los licores y lo aumenta a la cerveza, una de las cosas que solicitaba la Asociación Salvadoreña de Destiladores y Licoreros (ASDYL).

El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dijo recientemente que la propuesta que ha enviado al Congreso logrará una mayor equidad entre el impuesto que pagan ambos grupos empresariales.

La iniciativa gubernamental de inmediato caldeó los ánimos de los cerveceros y alegró el de los licoreros. La posición de la industria cervecera cuestiona la medida gubernamental. Los licoreros, por su parte, consideran que el Órgano Ejecutivo ha hecho muy bien al solicitar la revisión.

Uno de los argumentos que Hacienda plantea en el decreto enviado a la Asamblea, es que no se ha logrado elevar la recaudación como estaba previsto. Según sus reportes, de enero a julio de este año los ingresos específicos por ambos productos apenas aumentaron un 11%. La recaudación por cerveza subió 21%, pero la de los productos alcohólicos cayó 9%.

Por lo mismo, considera necesario modificar el impuesto al contenido alcohólico (alicuotas) e incrementar el impuesto al valor (ad-valorem) para ambos tipos de bebidas de 5% a 10% (por litro de alcohol en volumen).

Hacienda asegura que la revisión solicitada busca además establecer un control más eficiente del uso del alcohol etílico potable y mantener la sana competencia del mercado.

VEN UN PELIGRO JURÍDICO

Para Industrias La Constancia (ILC), la "contrarreforma" —como han bautizado la medida— pone en tela de juicio la seguridad jurídica del país y, por ende, en peligro la seguridad de las inversiones existentes y nuevas, lo cual tendría un impacto negativo para la economía nacional.

"Si se aprobara, estaríamos dando una señal de que en El Salvador se pueden cambiar las reglas del juego cada cierto tiempo, sin sustento técnico", dice Aldo Vallejo, director de Relaciones Corporativas de ILC.

La "inequidad fiscal" también es señalada por ILC debido a que la propuesta de Hacienda pide que la cerveza pague una alicuota por impuesto específico de US$0.0900 (por cada 1% en volumen de alcohol por litro de bebida), mientras que las bebidas alcohólicas quedan con tasas variables, por ejemplo, para el vodka se propone US$0.0500 y para el aguardiente US$0.0325.

Esto le parece injusto a La Constancia porque, en sus palabras, se tiene que tasar el alcohol y no "el agua". En su defensa, sostiene que para generar un litro de alcohol puro se necesitan 68 cervezas y en el caso del aguardiente se necesitan 3 botellas. La nueva reforma haría —dice La Constancia— que por litro de alcohol puro ellos pagarían $54 de impuestos y el aguardiente nada menos de US$10 en el caso que atañe al licor con menos tasa impositiva.

Para La Constancia estas modificaciones a la reforma propiciarían un consumo de altas cantidades de alcohol, ya que por pagar menos impuestos los aguardientes, rones y vodkas tendrán un menor precio.

Vallejo sostiene además que la discusión de la reforma no debe basarse únicamente en el aspecto fiscal, es decir, en cuánto más quiere recaudar el Gobierno, sino en lo que más le conviene a la salud pública de país.

Es necesario valorar —añade el Ejecutivo— hacia dónde va el marco legal y regulatorio nacional en términos de salud pública, para lo cual la apunta que es conveniente revisar los estatutos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establecen que la única forma de luchar contra el abuso del alcohol es poniendo impuestos altos a bebidas con más contenido de alcohol.

Esto es lo que lleva a los cerveceros a preguntarse: ¿cómo el país pretende disminuir el consumo de alcohol si está bajando los impuestos a los licores con alto contenido de alcohol, como los vodkas populares y las aguardientes?

Para La Constancia, esta reforma generaría un impacto grave a la salud pública del país porque promueve el consumo. "El Gobierno quiere más ingresos, pero lo que tendrá es más gasto en atenciones hospitalarias, enfermedades y violencia intrafamiliar", dice Vallejo.

"¿Hay que preguntase cuánto le cuesta al Estado la atención de salud por abuso de alcohol y dónde queda el razonamiento de salud pública?", añade el cervecero.

LA OTRA LÓGICA

Para los licoreros, la salud también es importante, pero aseguran que las reformas aprobadas en diciembre de 2009 lo único que propiciaron es la pérdida de más de 300 empleos en este sector, al igual que redujeron el ingreso de impuestos.

"Todos sabemos que el proyecto fue cambiado en el último momento, lo cual favorecía al monopolio cervecero y perjudicaba a pequeñas y medianas empresas productoras de aguardiente y vodkas populares en el país", comentó Eduardo Murillo, vicepresidente de la Asociación Salvadoreña de Destiladores y Licoreros (ASDYL).

Con la reforma de diciembre, que los diputados cambiaron a último momento respecto a lo que había enviado Hacienda, las bebidas alcohólicas destiladas nacionales, es decir el aguardiente experimentó un alza del 167% de impuesto específico, pero la cerveza quedó igual, no recibió incremento alguno.

Por eso, la industria de licoreros pidió la revisión que ahora está impulsando el Gobierno, la cual pretende corregir el espíritu de la original presentada por el Ejecutivo, que era aumentar la recaudación de impuestos y elimina el presunto privilegio que se le otorgó a la cerveza.

Uno de los puntos que la gremial dice que también llevará a la mesa de discusión es el hecho de que se ha dejado de lado el tema de las licencias, ya que para comercializar licores hay que cumplir una serie de regulaciones, pero la cerveza se vende como "leche o miel" y que cualquiera puede vender cerveza porque no se le exige tener una licencia de autorización.

"El Salvador es el único país de la región en donde la industria cervecera comercializa su producto sin ninguna restricción", dice Ricardo Martínez, director de la gremial.

En cuanto al aspecto de la salud, ASDYL dice que tanto la cerveza como los licores son bebidas alcohólicas, por tanto, "no hay bebidas moderadas, sino consumidores que abusan o se moderan en el consumo".

Ambas industrias afirman que lo único que quieren es una decisión equilibrada por parte de los legisladores y el Gobierno.

La Constancia espera que el Gobierno haga una evaluación profunda, teniendo en mente no sólo la recaudación fiscal sino también la salud de los salvadoreños, un análisis con interés nacional, no empresarial.

¿Qué esperan los licoreros? Que el Gobierno salvadoreño y la Asamblea Legislativa tomen una decisión sea justa y equitativa, que no ponga en riesgo el empleo que genera esta industria.

La Asamblea tiene la penúltima palabra: de su seno saldrá el decreto que el presidente Mauricio Funes deberá aprobar, observar o vetar.

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