Secreto bancario se transparenta en Costa Rica

Fuente: El Financiero (Costa Rica) Lunes, 06 de Agosto de 2012 10:56

“Transparencia fiscal” y “Fortalecimiento de la gestión tributaria” dan más armas a Hacienda.

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Los datos de su cuenta bancaria y la de su empresa quedaron más cerca del radar del Ministerio de Hacienda con la aprobación en primer debate de los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo ha impulsado en materia fiscal.

El proyecto de “Transparencia fiscal” otorga un plazo de 10 días para que un juez decida si el levantamiento del secreto bancario pedido de la Administración Tributaria es pertinente o no. Actualmente no existe ese plazo.

Además, esos datos bancarios podrán ser compartidos con las autoridades de los 13 países con los que Costa Rica mantiene acuerdos de intercambio de información fiscal.

in embargo, los cambios no dan carta blanca a Hacienda. Meses de negociación lograron acercar las posiciones de quienes defendían elstatu quo , y quienes pretendían que se eliminara la intervención de los jueces en el proceso.

Hoy el juez determina si existen suficientes indicios para presumir que podría haberse cometido un ilícito tributario antes de aprobar el acceso a la información bancaria de los contribuyentes.

Estira y encoge

El compromiso logrado fue la inclusión de un juez de lo contencioso administrativo, quien además de verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios, deberá determinar si la información bancaria sería previsiblemente pertinente para la investigación fiscal emprendida por Hacienda.

El debate había encendido las alarmas en el sector productivo, que vio con preocupación como se abrían los portillos de acceso a la información privada.

“En el proyecto aprobado, se garantiza al contribuyente que una autoridad judicial verificará la procedencia de la solicitud de la Administración Tributaria, tema que brinda una garantía de seguridad jurídica en un tema sensible”, afirmó Manuel H. Rodríguez, quien fungió como presidente de la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) durante el proceso de negociación.

Este acuerdo permitió el avance de un proyecto presentado por la administración anterior, con el objetivo de sacar a Costa Rica de la lista gris de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).Junto a “Transparencia fiscal”, el Congreso aprobó en primer debate el proyecto de “Ley de fortalecimiento de la gestión tributaria” y el plan para permitir un mayor endeudamiento del Gobierno en los mercados internacionales.

“Por fin se logró la votación de dos proyectos que el Gobierno ha estimado prioritarios desde hace muchos meses, dijimos que estos dos proyectos, junto con Eurobonos, son esenciales para mejorar las condiciones fiscales del país. Es un gran paso adelante”, aseguró Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia.

Herramientas con filo

Si “Transparencia fiscal” cambia las reglas de acceso a la información bancaria de los contribuyentes, el proyecto de “Fortalecimiento de la gestión tributaria” pretende sacar filo a las herramientas con que cuenta la Administración Tributaria para recaudar impuestos.

Con este nuevo marco legal, el Gobierno deja claro que prefiere recuperar el dinero evadido que castigar con cárcel a los evasores. “¿Qué es lo correcto, meter a todo el mundo a la cárcel o tratar de motivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, en el entendido de que la cárcel es una excepción?”, cuestionó Alan Saborío, socio director de Deloitte.

La estrategia podría funcionar mejor que la actual, pues en 10 años solo se ha dado una condenatoria en un caso de evasión fiscal.

Para esto, el texto sube el techo del monto que determina cuándo un caso debe ser resuelto en los tribunales de justicia.

Actualmente, interviene el Poder Judicial, cuando la Administración Tributaria considera que hay una actitud ilícita del contribuyente que en un solo impuesto –sea renta o de ventas– excede los 200 salarios base (¢72 millones).

De entrar en vigencia el texto de “Fortalecimiento”, ese techo se elevaría a 500 salarios base (¢180 millones).

Por otro lado, se endurecen las multas que se imponen a quienes comentan actualizaciones fiscales culposas y dolosas por debajo de esos montos, y que deben ser procesados en la vía administrativa.

En el caso de actos culposos, cuando media imprudencia o negligencia, la sanción crece del 25% del monto evadido al 50%, más el monto principal e intereses. Mientras que quienes cometan actos dolosos deberán pagar, dependiendo de la gravedad de la falta, una sanción de entre 100% y 150% del monto evadido, más el principal e intereses.

Pero el proyecto no solo da armas a la Administración Tributaria pues también incluye un capítulo de derechos del contribuyente.

Empero, esa sección podría quedarse corta, de acuerdo con expertos en derecho tributario como Saborío. “Uno quisiera ver sanciones para los funcionarios de Hacienda que comentan arbitrariedades, o que se hagan responsables de los costos de un proceso legal, pero eso no aparece”, dijo el socio diretor de Deloitte.

Aunque deseables, esos cambios parecen poco probables cuando estos proyectos, con años de rodar por Cuesta de Moras, se enrumban a la recta final.

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