¿Es legítimo negociar y pagar un secuestro? La respuesta puede suscitar un agudo debate, pues muchos piensan que los pagos que hacen las víctimas promueven el negocio del secuestro, que apoyan a los criminales.
¿Es legítimo negociar y pagar un secuestro? La respuesta puede suscitar un agudo debate, pues muchos piensan que los pagos que hacen las víctimas promueven el negocio del secuestro, que apoyan a los criminales. Probablemente si nadie pagara un secuestro el negocio se acabaría. La experiencia del país latinoamericano más plagado de este problema (Colombia) es significativa al respecto.
En Colombia los secuestros tomaron impulso a comienzos de la década de 1970, cuando los familiares de uno de los primeros secuestrados (un empresario importante) habían solicitado que la policía no interviniera para que se pudiera negociar su liberación. Ese gesto “humanitario” y acuerdo tácito continuó en los secuestros posteriores, hasta un día que la policía empezó a combatir lo que ya se perfilaba como un excelente negocio. Era demasiado tarde: los secuestros se volvieron una epidemia. A comienzos de los años 80 la familia Echavarría, industriales importantes, tomó la decisión de comunicar abiertamente que no pagaría un secuestro para no apoyar el crimen. Esta determinación les costó dos muertos (secuestrados por quienes no se pagó) en el curso de los diez años siguientes. De esta manera, los grupos guerrilleros encontraron financiación adicional para sus actividades, y los narcotraficantes crearon el MAS (Muerte a los Secuestradores), una policía privada que ejecutaba a quienes secuestraran a sus miembros; tal fue el germen de la guerra entre “paramilitares” y guerrilleros.
Un vuelco en toda esta historia ocurrió cuando el capo Pablo Escobar se sintió acorralado por la policía y decidió secuestrar, para un potencial canje por sí mismo, a media docena de familiares de políticos. García Márquez escribió en “Noticia de un secuestro” esta crónica real que se lee como una novela. Uno de los secuestrados fue Francisco Santos, hoy vicepresidente de Colombia, quien logró escapar, crear la fundación País Libre y conseguir que el congreso pasara la ley que prohibió realizar negociaciones y pagos de secuestros.
Esta ley tuvo una vigencia de casi dos años, hasta que una familia demandó su derecho a negociar. La Corte Suprema de Justicia declaró que el primer criterio era la vida y volvió a legalizarse el pago de rescates. Algunos señalaron que en ese momento los secuestros ya habían descendido aceleradamente y que al salvar una vida de todas maneras se estaban poniendo en juego las vidas de muchas más personas que serían secuestradas posteriormente. Este es un auténtico dilema social, entre las ventajas para unos individuos contra problemas para la sociedad. Pero nadie discute el derecho de las familias a intentar salvarlos.
*Adaptación revistasumma.com, el texto completo se encuentra en la revista impresa