Mi colega Max Bazerman publicó un interesante ensayo en la nueva revista electrónica de Berkeley, Capitalism and Society (www.bepress.com/cas/vol2/iss1/art3), sobre la influencia de la economía en las políticas públicas. Su argumento es que los criterios del derecho y de la economía ya están incorporados y aceptados en los cuerpos legisladores de Washington, pero muchas veces llegan a resultados equivocados y contrarios al beneficio público por no incorporar otras ciencias sociales como las del comportamiento humano.

Por ejemplo, el sistema de auditoría para las empresas parte de la “teoría de la agencia” de la economía y ha constituido uno de los pilares del funcionamiento de las juntas directivas: la auditoría externa la realizan empresas auditoras independientes que dependen del comité de auditoría de la junta directiva (constituido por miembros externos a los ejecutivos y a los accionistas) y así funciona de manera “racional y neutral” para controlar a la empresa. Pero el sistema falla al no considerar que las empresas auditoras tienen también otros intereses: renovar sus contratos el año próximo y obtener otros contratos de la misma empresa (como asesoría de impuestos).

¿Puede realmente este sistema garantizar el control de la empresa para beneficio de accionistas y de la sociedad en conjunto? Aunque parte del problema es la utilización de simplificadas versiones de la teoría económica, esta pregunta de Bazerman, basada en años de investigaciones sobre el comportamiento de las personas, sus sesgos y contradicciones, lleva a una respuesta negativa. La reforma del sistema actual de auditoría de las empresas es urgente, antes de que continúen los desastrosos resultados que llevaron al cierre de la auditora Anderson, a escándalos corporativos o la crisis por hipotecas sin respaldo. Pero Washington decidió simplemente exigir información sobre conflictos de interés, en lugar de una reforma más radical del sistema. ¿Será esto suficiente?