Hace veinte años y después de un largo proceso de reuniones y consultas, los presidentes de la región se reunieron para firmar, en 1987, el tratado constitutivo que daría vida al Parlamento Centroamericano.
Debido a la globalización, el Parlamento Centroamericano debe adaptarse a nuevos tiempos.
Hace veinte años y después de un largo proceso de reuniones y consultas, los presidentes de la región se reunieron para firmar, en 1987, el tratado constitutivo que daría vida al Parlamento Centroamericano (Parlacen), puesto en marcha a partir de 1991. Lo integran diputados nacionales electos por sufragio universal en cada Estado miembro para un periodo de cinco años: cabe la reelección.
Actualmente lo conforman Guatemala (20), Honduras (21), El Salvador (20), Nicaragua (21), Panamá (22) y República Dominicana (22), que ingresó en 2004 como observador especial, para un total de 126 diputados. La información aparece en el sitio web. Si cada funcionario percibe entre US$8.000 y US$10.000 de salario al mes se puede suponer que al año ese rubro asciende al menos a US$12 millones. Como países observadores se han incorporado México, Puerto Rico, Taiwán y Venezuela. Desde los inicios, Costa Rica no ha formado parte; más bien, su presidente y los partidos políticos mayoritarios recientemente manifestaron de nuevo que el país no va a ingresar.
El Parlacen ha sido un ideal que a la postre ha comprobado tener un marco político limitado. Sus decisiones no son vinculantes, lo cual ha contribuido a desvirtuar su propósito. Además la mayoría de organismos regionales no están íntimamente ligados. Aunado a esto, las críticas más enfatizadas giran alrededor de la inmunidad que gozan los funcionarios. Entre ellos el ex presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, y su ex vicepresidente, Francisco Reyes; Arnoldo Alemán, de Nicaragua, y Mireya Moscoso, de Panamá.
Ante esta necesidad imperante de cambios en su estructura, se creó una comisión internacional para redactar las enmiendas constitutivas. Augusto Vela, representante guatemalteco que presidió dicha comisión, explicó: “Queremos borrar las fronteras en Centroamérica. Proponemos que las decisiones sean vinculantes, siempre en materia regional”. Siempre ha prevalecido que a todos los países centroamericanos les iría mejor si fueran una sola confederación de “Estados Unidos de Centroamérica”, que cinco aisladas republiquitas flotando en el irreversible y competitivo entorno de la globalización. El peso político traducido en ventajas de negociación al representar a cuarenta millones de personas, en adición a la importancia de negociar el potencial de un mercado de tal magnitud, es incuestionable.
El Parlacen no debe resistirse al cambio que debe surgir de adentro, para saber cómo encajarse dentro de una región cuya cambiante dinámica obliga a la reconversión y a la adaptación. El CAFTA-RD, el Plan Puebla Panamá y el posible acuerdo de asociación con la Unión Europea, comprueban la necesidad de unirse para enfrentar estos desafíos. En este contexto, el Parlacen podría jugar un papel determinante si se adapta; específicamente en aspectos como la reducción de sus miembros y la eliminación de su inmunidad, la redefinición de su misión y en lograr que sus decisiones sean vinculantes.
Otra de las atribuciones que entrarían en vigor sería la de decidir los presupuestos y fiscalizar a los órganos de integración: el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), ocho secretarías técnicas y trece instituciones regionales tales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP).*Adaptación revistasumma.com, el texto completo se encuentra en la revista impresa.