Latinoamérica tiene dos características con implicaciones muy negativas para el desempeño empresarial, la gobernabilidad democrática y el bienestar de los ciudadanos: es la región más desigual del mundo y tiene los mayores niveles de criminalidad. Esto último ha sido un problema clave en las elecciones y ocupa un lugar cada vez más importante entre las prioridades de los gobiernos, que no parecen tener mucha idea de cómo lidiar con esta situación.

El 27% de los homicidios de todo el mundo se comenten en Latinoamérica, aunque solo el 8,5% de la población del mundo vive en el subcontinente. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 1,2 millones de latinoamericanos han sido asesinados desde el 2000, cifra que es casi tres veces el número de personas muertas en las guerras étnicas que siguieron a la desintegración de Yugoslavia y la actual guerra de Irak combinadas (Casas, 2008, Democracia, (in)seguridad ciudadana y desarrollo humano en América Latina).

La OMS considera cualquier cifra por encima de ocho homicidios por 100.000 ciudadanos como una epidemia. Con 27,5 homicidios por 100.000 habitantes en 2000 (el año más reciente para el que existen datos comparables), Latinoamérica más que triplica este nivel. En Centroamérica y Panamá, el nivel es aún más alto, con 29,2 homicidios por 100.000 habitantes. Europa Occidental, por su parte, tiene una tasa de homicidios de 1 por 100.000.

Si observamos las más recientes encuestas comparables de victimización (el porcentaje de hogares que han sufrido un crimen violento durante los últimos doce meses), el nivel se vuelve aún más alarmante. Como punto de comparación, ninguno de los estados miembros de la Unión Europea tiene una tasa de victimización superior al 15%.

Por tanto, no es sorprendente que en la mayoría de los países centroamericanos los ciudadanos estén señalando el alto nivel de crimen como el problema más importante para su país, por encima del desempleo, que tradicionalmente ha sido la principal preocupación de la gente en Latinoamérica.

La violencia genera costos económicos, políticos y sociales. En el ámbito microeconómico, el Banco Mundial calculó que el crimen y la inseguridad reducen el porcentaje de ventas de las empresas en Centroamérica entre un 3,5% y un 6,5%. En Guatemala, Honduras y El Salvador, la inseguridad reduce las ventas en mayor grado que la carencia de infraestructura adecuada o la corrupción (véase el gráfico 3).

En el aspecto macro (Londoño et. al., 2000) se estimó que la inseguridad y el crimen le cuestan a Latinoamérica el 12,1% de su PIB. En El Salvador los costos económicos del crimen alcanzan casi una cuarta parte del PIB.

Los costos políticos y sociales del crimen resultan más difíciles de medir e incluyen la pérdida de fe en la gobernabilidad democrática. En El Salvador, el 55% de la población estaba dispuesta a apoyar un golpe de estado si éste mejorara la situación de seguridad del país (Seligson et. al., 2000). Entre los principales costos sociales están la erosión de los vínculos comunitarios, la pérdida de calidad de vida, la restricción de las libertades civiles y las obvias implicaciones para la salud.

¿Qué pueden hacer los gobiernos para limitar los niveles de criminalidad? Un gran número de mitos rodean el asunto de cómo combatir eficazmente el crimen. El punto de partida es una clara comprensión de sus causas. Los factores relacionados con los altos niveles de criminalidad incluyen desigualdad, exclusión social, desempleo, altas tasas de deserción escolar, desintegración familiar, densidad de la población urbana, falta de espacios públicos o abandono de los mismos y la presencia de redes de narcotráfico o redes transnacionales de crimen.

Por su parte, los enfoques populistas de “mano dura” no han producido los efectos deseados, pues no abordan las causas fundamentales del crimen y, por tanto, no previenen la violencia en el futuro. Las tasas más bajas de homicidio del mundo se encuentran en los países que privilegian las inversiones en desarrollo humano por encima de la represión o el control, como los nórdicos. Que este también puede ser el enfoque más eficiente lo demuestra un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Costa Rica, en el que señala que resulta más caro mantener a alguien encarcelado por homicidio (19,4 años en promedio = 21 millones de colones –o US$ 41.000 aproximadamente) que financiar a un estudiante desde preescolar hasta que se gradúe como médico (16,8 millones de colones o US$ 33.000).

Entre las iniciativas prometedoras, aunque de resultado incierto, están la interrogación respetuosa de sospechosos en la calle, el tratamiento respetuoso de los delincuentes arrestados (que puede reducir la repetición del delito), un mayor número de policías en las ciudades, monitoreo de pandillas por parte de trabajadores comunales, zonas empresariales que reduzcan el desempleo en áreas problemáticas, el cierre de calles con barricadas y la supervisión intensiva ex post facto (ley posterior al hecho) de delincuentes juveniles (por delitos menores y serios).

En vez de buscar beneficios electorales con un discurso populista de mano dura, los líderes políticos, así como la comunidad empresarial y la sociedad, deben aprender respecto a estas prácticas si quieren abordar en serio los altos niveles de violencia en Latinoamérica y producir sociedades más seguras con mayores niveles de crecimiento económico y desarrollo humano.

*Adaptación revistasumma.com, el texto completo se encuentra en la revista impresa